Producción social del hábitat: ¿Promover nuevas alianzas entre gobiernos locales y asociaciones de habitantes en materia de vivienda?
Fuente: Comisión Inclusión Social, Democracia Participativa y Derechos Humanos de CGLU / CGLU-CISDPDH
Los pasados 11 y 12 de junio, Urbamonde celebró en Ginebra una reunión de organizaciones de la sociedad civil que trabajan en materia de producción social del hábitat. Es el caso de entidades como Slum Dwellers International, la Asian Coalition for Housing Rights, FUNDASAL o Urbansen. Estos encuentros han tenido lugar anualmente desde 2014, con el objetivo de reflexionar y promover el establecimiento de una plataforma internacional de organizaciones trabajando en la misma temática. Con el tiempo, el refuerzo de la solidaridad transnacional se ha convertido en una oportunidad de primer orden a efectos de diseminar y aumentar el impacto (scale up) de este tipo de enfoque sobre vivienda alrededor el mundo.
Compartir iniciativas locales para construir solidaridad internacional alrededor del hábitat
La idea detrás de la creación de una plataforma compartida entre actores involucrados en la producción social del hábitat tiene varios objetivos. Entre otros, busca fortalecer los vínculos de solidaridad, fomentar el intercambio de buenas prácticas a nivel regional y avanzar en la creación de una plataforma digital que reúna proyectos de alrededor del mundo.
Con el fin de explorar las posibilidades de aumentar el impacto de iniciativas sobre vivienda llevadas a cabo por organizaciones de habitantes de alrededor del mundo, Urbamonde estableció una primera prueba piloto en enero de 2018, mediante la creación de un Fondo de Vivienda Solidaria (FHA). En esta fase, depositantes solidarios suizos prestaron dinero a través de Urbamonde a la Fundación Senegalesa de Habitantes (Fondation Sénégalaise des Habitants). Esta otorgó luego préstamos a sus miembros para la reconstrucción del hábitat después del impacto de desastres naturales (sepa más sobre este proyecto aquí). A largo plazo, el FHAS tiene como objetivo desarrollar robustos mecanismos de solidaridad entre diferentes grupos de habitantes a través de depósitos de dinero. Esto serviría para financiar la construcción de complejos de vivienda llevados a cabo por organizaciones de base bajo un enfoque participativo.
“La producción social del hábitat es el proceso mediante el cual las comunidades planifican, construyen y gestionan su entorno urbano, incluyendo unidades de vivienda, infraestructura local y espacios comunes. Este proceso generalmente se lleva a cabo en colaboración con actores dando su apoyo técnico, a la par que requiere del establecimiento de relaciones (conflictivas o consensuales) con las autoridades públicas”.
Alianzas con los gobiernos locales: ¿Una oportunidad para ir más allá?
Con motivo de esta reunión, la Comisión CGLU-CISDPDH fue invitada para evaluar la posibilidad de abrir nuevas discusiones a efectos de lograr un mayor apoyo por parte del nivel municipal hacia distintas iniciativas sobre vivienda promovidas por la sociedad civil. En este sentido, cabe destacar como la Comisión cuenta con varias ciudades fuertemente comprometidas con la noción de “Derecho a la vivienda” en su conjunto.
En julio pasado, la Comisión co-organizó una sesión histórica en la que alcaldes y alcaldesas de algunas de las principales ciudades del mundo (como Madrid, Estrasburgo, Montevideo, Plaine Commune, Berlín, Nueva York, Montreal o Seúl) unieron fuerzas para apoyar una Declaración conjunta sobre Derecho a la vivienda y Derecho a la Ciudad impulsada por Barcelona. Mediante esta Declaración, diferentes autoridades locales quisieron recordar la urgencia de desarrollar estrategias renovadas en materia de vivienda: un bien social que no puede ser dejado solo en manos del mercado inmobiliario, la especulación y el creciente poder de las corporaciones globales y los fondos buitre.
Esta Declaración prestó gran atención a la producción social de la vivienda (punto 3). Las ciudades expresaron su voluntad de experimentar con nuevos modelos de “producción de vivienda”, desarrollando alianzas con la sociedad civil e iniciativas comunitarias. A nivel concreto, esto se traduce en el apoyo a conceptos como las cooperativas de vivienda o hacia organizaciones que trabajan para la función social de la tierra. Este llamamiento abre oportunidades para reforzar la alianza entre las administraciones públicas y aquellos proyectos impulsados desde las entidades de base en materia de vivienda.
A medida que la cooperación en materia de vivienda entre administraciones públicas y actores comunitarios gana peso y se anticipa como una cuestión de primer orden en los próximos años, surgen preguntas tales ¿Cómo co-crear políticas (gobiernos locales + sociedad civil) que den apoyo en la promoción y regulación de este tipo de iniciativas comunitarias? O si ¿Existe la necesidad de nuevas alianzas sobre la cuestión?
Los gobiernos locales miembros de nuestra Comisión continuarán promoviendo este debate en el marco de CGLU, así como de la Comunidad de Práctica en materia de vivienda que se creará después del impulso de la Declaración de Ciudades por la Vivienda.
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