La CGLU-CISDPDH contribuye al informe del Relator Especial de la ONU por la Vivienda Adecuada sobre “COVID-19 y Derecho a la Vivienda”
Partiendo de las conclusiones de varios eventos organizados estos últimos meses sobre el tema, así como de la experiencia práctica de los gobiernos locales-miembro en la cuestión, nuestra Comisión envió una contribución formal al próximo informe que el Relator Especial de la ONU sobre Vivienda Adecuada está desarrollando para abordar el impacto de la COVID-19 sobre el derecho a la vivienda. La contribución recopila buenas prácticas y mensajes clave para la incidencia compartidos principalmente durante las Experiencias de Aprendizaje en Vivo #BeyondTheOutbreak sobre vivienda e informalidades, así como la reunión virtual de la Comunidad de Práctica sobre Vivienda de CGLU. El informe final del Relator Especial se presentará en la próxima Asamblea General de Naciones Unidas.
En la contribución de la CGLU-CISDPDH, se enfatiza de nuevo la conexión entre las vulnerabilidades de vivienda previas a la pandemia y la actual crisis social desencadenada por la COVID-19, así como las serias limitaciones que enfrentan las autoridades locales al tratar de abordar estos desafíos. Los intercambios recientes entre representantes locales, sin embargo, también han puesto de relieve cómo muchas ciudades también están dispuestas a aprovechar esta oportunidad para impulsar transformaciones estructurales en la forma en que se concibe e implementa la acción local en vivienda: desde la promoción de marcos renovados de cooperación público-privada en materia de vivienda hasta el impulso de la inversión en vivienda social. En perspectiva, los gobiernos locales y regionales están convencidos de que la vivienda debe seguir desempeñando un papel clave en las conversaciones sobre las respuestas a la COVID-19 y las estrategias de reconstrucción.
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La contribución muestra varias buenas prácticas implementadas por los gobiernos locales y regionales durante estos últimos meses de lucha contra la pandemia y sus consecuencias directas sobre las comunidades locales. Gobiernos locales y regionales desde Washington DC hasta Barcelona y desde Bogotá hasta Victoria (Australia) han puesto en marcha programas de apoyo al pago del alquiler y moratorias destinadas a prevenir los desalojos y un aumento repentino del número de personas sin hogar. Otras ciudades se han centrado en ampliar las viviendas de alquiler social disponibles y reforzar las estrategias de vivienda pública, como en el caso de París y Montreal, mientras que Londres y Viena se han centrado en proporcionar alojamiento de emergencia para personas sin hogar.
Otras estrategias destinadas a frenar el impacto social de la pandemia también han abordado la forma en que las medidas de cuarentena han exacerbado fenómenos preexistentes asociados a la vivienda y que afectan negativamente la vida de los residentes. Pichincha y Valencia idearon por ejemplo formas innovadoras de abordar el crecimiento de la violencia de género y encontrar formas más efectivas para proteger a las víctimas. Otras ciudades establecieron sólidas redes de solidaridad – la mayoría de las veces gracias a buenos esquemas de cooperación con la sociedad civil y las comunidades locales – para proteger a las personas mayores, hogares con bajos ingresos o residentes migrantes en situación de vulnerabilidad, como es el caso de Ciudad de México, Montevideo y Sfax.
Nuestra Comisión continuará fomentando el debate sobre vivienda y COVID-19 entre gobiernos locales. Lo hará en relación con las prioridades emergentes expresadas por los miembros, así como el marco planteado por la Declaración de Ciudades por una Vivienda Adecuada. También se esforzará por articular de manera más sistemática la movilización de los gobierno locales y regionales sobre este asunto con el sistema de derechos humanos de la ONU, incluyendo el Relator Especial sobre Vivienda Adecuada, así como otras partes y actores involucrados en la gobernanza global de la vivienda.