Dos estudiantes de máster abordan la implementación de la Declaración “Ciudades por la Vivienda Adecuada” gracias a un acuerdo de cooperación entre la CGLU-CISDPDH y la “Development Planning Unit” de la Universidad UCL (Londres)
Explorar el margen de maniobra en manos de los gobiernos locales para implementar la Declaración “Ciudades por una Vivienda Adecuada” y apoyar a jóvenes investigadores en sus proyectos académicos sobre derecho a la vivienda y derecho a la ciudad. Estos fueron los dos objetivos principales del acuerdo de cooperación entre la CGLU-CISDPDH y la Unidad de Planificación del Desarrollo (DPU) del University College London, que inspiró a dos estudiantes de maestría a desarrollar sus disertaciones sobre desafíos e iniciativas relacionadas con la vivienda en Metro Cebú (Filipinas) y Lagos (Nigeria). Las dos disertaciones – que contienen propuestas interesantes sobre mejoramiento de los asentamientos informales y vivienda dirigida por la comunidad – son accesibles en línea.
“(Re)pensar la provisión de vivienda de parte de los gobiernos locales para las familias residentes en asentamientos informales de Metro Cebú, Filipinas” de Yuka Aota examina la forma en que los gobiernos locales de Filipinas pueden escalar enfoques de desarrollo centrados en la comunidad para la provisión de viviendas a residentes de barrios informales. Aota aborda el caso de Metro Cebu, donde la organización comunitaria a nivel local ha permitido establecer puentes entre el gobierno local y las comunidades pobres, al mismo tiempo que ha permitido prestar asistencia técnica y apoyo financiero en apoyo a estos procesos de mejoramiento. Aota defiende el marco de las 4 P (asociación entre los sectores público, privado y comunitario) dado que permite introducir metodologías de participación popular en la concreción de experiencias de mejoramiento (tal y como refleja el caso filipino de Metro Cebu).
“Expulsiones forzadas y la creación de “Lagos Mega-City”: Estimando el margen de maniobra” de Aderoju John-Phillips aborda los efectos negativos del proceso desenfrenado de financiarización de la vivienda experimentado en Lagos, centrándose en cómo los residentes de la comunidad costera de Makoko son víctimas de constantes amenazas de desalojo en consecuencia de este proceso. John-Phillips argumenta cómo una estrategia alternativa de desarrollo urbano podría aportar beneficios más sustanciales para la ciudad en el largo plazo. Esta debería basarse en la participación de los residentes de Makoko y mayor cooperación entre actores involucrados. John-Phillips argumenta cómo la implementación de desalojos sin la aplicación de directrices fundadas en los derechos humanos, incluida consulta con las comunidades afectadas, socava la promesa de “no dejar a nadie atrás”. Es necesario pues reformular la vivienda como una cuestión de justicia social.
Ambas disertaciones aportan evidencia sobre los efectos positivos de la introducción de métodos participativos en los procesos de mejoramiento de los asentamientos informales. Desarrollan marcos teóricos significativos (como el de las 4P o el margen de maniobra) fuertemente conectados con la práctica. Esto permite sugerir que los gobiernos locales pueden generar soluciones sustanciales sobre vivienda adecuada al entrelazar sus conocimientos, datos y capacidades con los de las comunidades que participan en los procesos de mejoramiento. La cooperación con el sector privado también puede contribuir a la realización de esas iniciativas, siempre que se eviten fines exclusivamente lucrativos.